*Resistencia Radical*

Por Diego Barovero

Ingresa en su tramo final el proceso de juicio político a Aníbal Ibarra. El suspendido jefe de gobierno porteño despliega por estas horas sus máximos esfuerzos por lograr algún tipo de apoyo político por parte del gobierno de Néstor Kirchner que le posibilite sobrevivir a una sentencia condenatoria por parte de la sala juzgadora de la Legislatura local.
Desde que aconteció la tragedia que se cobró la vida de casi doscientos jóvenes el 30 de diciembre de 2004 Ibarra no trepidó en recurrir a cuanto artilugio y mojiganga fuese mínimamente verosímil con tal de conseguir su objetivo: permanecer en el cargo, sin importar el costo.
Así, el vituperado ex fiscal fue capaz de acusar a los bomberos, a los asistentes al espectáculo, a los funcionarios que habilitaron el local.
Luego intentó la convocatoria de un plebiscito que intentó forzar la figura constitucional de la revocatoria de mandato pero al revés, es decir, impulsada por el propio funcionario titular del mandato a ser revocado: él mismo.
Para la recolección de las firmas exigidas por el texto constitucional para implementar la acción, recurrió al personal de planta y contratado de la administración bajo apercibimiento y presiones por parte del elenco ibarrista.
Luego de su suspensión por parte del legislativo local mientras se sustanciaba el procedimiento, la otrora joven promesa de la progresía porteña recurrió al más pedestre mecanismo de las marchas de apoyo (plagadas de funcionarios e integrantes de la nómina salarial municipal así como de "personalidades" beneficiarias de canonjías oficialistas) para presionar con la presencia de "la gente" en la calle al órgano juzgador.
La amenaza de la pueblada permanente ha pasado a ser una metodología sistemática en la vida cotidiana de los argentinos al que recurren tanto las organizaciones de base como las propias estructuras del Estado en sus diversos niveles cuando hay un interés sectorial o particular en pugna.
También el imputado y su equipo defensor han quedado en evidencia ejerciendo influencia y presiones sobre testigos y recientemente un manto de sospecha cubre la inopinada renuncia de un legislador a su condición de miembro de la sala juzgadora.
Al parecer, poco importa a esta altura la dilucidación de la verdad en torno a las responsabilidades emergentes de la tragedia del boliche Cromañón que costó la vida de varias decenas de jóvenes y que dejó al desnudo un entramado oscuro de negligencias, corruptelas y complicidades que tal vez no hubiese salido a la luz si no fuese tan alto su costo en vidas humanas, que de eso se trata en definitiva.
Las miserabilidades expuestas en este último año no han sido exclusivas del gobernador local. La pobreza moral y conceptual de sus circunstanciales opositores y adversarios en el proceso son harto conocidas por todos como para sucumbir a la tentación de enumerar la extensa lista de pecados de nuestra derecha vernácula y de la politiquería de gallináceo vuelo que ha pretendido erigirse en rayo vengador.
Dramático es sin embargo que el progresismo nacional intente recurrir al argumento de "la avanzada de la derecha" para preservar la integridad de una administración porteña corrupta hasta el tuétanos bajo el ropaje de "centroizquierda", como si ello de por sí obrara como bálsamo de cualquier desmán.
La primera y fundamental razón por la que Aníbal Ibarra debe dejar de ser jefe de gobierno esta Ciudad radica en un concepto deliberadamente omitido desde el momento mismo de la ocurrencia de la masacre: la ética de la responsabilidad.
Max Weber fue quien ha criticado exhaustivamente la ética kantiana de la intención y quien propuso superarla aportando la elaboración de una ética de la responsabilidad por las consecuencias de las acciones humanas. De hecho, Kant ha fundamentado con todo rigor una ética de la intención, y su principio de universalización sigue siendo relevante aún para planteos éticos
contemporáneos, puesto que en él se expresa un principio de emancipación.
Sin embargo, Weber vio con claridad que Kant nunca alcanzó a fundamentar una ética de la responsabilidad que tenga en cuenta no sólo las intenciones individuales sino también las consecuencias de sus acciones. En otros términos, la ética kantiana de la intención aparece como irrelevante -o al menos, como insuficiente- en el ámbito del mundo de la vida, puesto que tiene en cuenta sólo la intimidad monológica de la persona, la cual no se articula con la praxis real, con las consecuencias de las decisiones y acciones de las personas. En su esfuerzo por superar la moral de la intención de Kant, Max Weber planteó a comienzos del siglo pasado la necesidad de tener en cuenta las consecuencias de la acción como un elemento ético clave, y para ello establece la famosa distinción entre “ética de la intención” y “ética de la responsabilidad".
Nadie en su sano juicio puede imputar a Ibarra en tanto jefe de la administración local la intención de que se produjera la tragedia ordenando el cierre de las puertas de emergencia, el equipamiento del local con material altamente inflamable, la autorización de ingreso de más gente que la que toleraban sus dimensiones o, si se quiere, haber dispuesto la habilitación del lugar sin las debidas constataciones respecto de sus condiciones.
Pero Ibarra es políticamente responsable de que la administración que él preside no haya tomado los recaudos para asegurar la integridad de las personas que asisten a este tipo de espectáculos con un costo altísimo en vidas de personas.
Trasladando el ejemplo, nadie puede pretender que Fernando De la Rúa dió la orden a las fuerzas policiales que asesinaran a las cinco víctimas caídas en la zona de Plaza de Mayo la tarde del 20 de diciembre de 2001. Pero su responsabilidad política en las muertes es insoslayable y su consecuencia lógica - aún para el mismo involucrado - fue la renuncia a la presidencia.
Otro caso similar lo ofrece la presidencia interina de Eduardo Duhalde, a quien no puede acusarse de haber ordenado al subcomisario Fanchiotti que ejecutara a los piqueteros Kosteki y Santillán. Pero su responsabilidad política es tan clara en el fusilamiento de los mismos que la consecuencia lógica de ella fue el acortamiento de su mandato al 25 de mayo de 2003 (Cuyo término fue fijado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre) y el consecuente adelantamiento de las elecciones presidenciales.
En definitiva, en dos casos de altísimo impacto social por las muertes producidas en trágicas circunstancia, los responsables políticos de las mismas -no por acción directa- pagaron un costo en términos políticos: el alejamiento del cargo.
En el caso de Ibarra a esta altura resulta indigna su actitud de pretender eludir su responsabilidad política y aferrarse a los oropeles de un poder relativo que se le ha escurrido de las manos como granos de arena, con la consecuente ingobernabilidad en que se halla sumida la Ciudad desde hace ya un año.