*Resistencia Radical*

Por Dr. Gustavo Enrique Dubsky
Presidente del Comité de Distrito
Union Cívica Radical
Partido de la Costa

En los últimos años, los bonaerenses hemos visto con suma preocupación cómo los índices delictivos han crecido dramáticamente, no sólo en cuanto a cantidad sino, y fundamentalmente, en violencia. Si bien las causas de este fenómeno seguramente son múltiples, es imposible dejar de reconocer que las políticas económicas llevadas adelante por los gobiernos del justicialismo generaron un modelo de exclusión social que fue el caldo de cultivo propicio para que el delito tomara dimensiones desconocidas en nuestro país.

Para resolver esta problemática delictiva, esos mismos gobiernos comenzaron a diseñar políticas de seguridad en forma errática y confusa. Se dispuso el descabezamiento de distintas cúpulas policiales por considerarlas corruptas, cuando tiempo antes se las calificaba como integrantes de la mejor policía del mundo. Y se llevaron adelante purgas internas por los casos de gatillo fácil, tiempo después de que la propuesta del gobernador de turno fuera meter bala a los delincuentes.

Dentro de este contexto, la nueva propuesta del gobierno provincial es la creación de la Policía Comunal, contemplada su creación a través de la ley 13.210, generando de esta manera una verdadera transferencia a los municipios de un deber indelegable del Estado Provincial como es la seguridad ciudadana.

En esta normativa se establece que la nueva fuerza de seguridad depende funcionalmente del intendente, quien a su vez es el encargado de diseñar las políticas preventivas y las acciones estratégicas de la Policía Comunal y las imparte al funcionario designado Jefe de la Comunal, considerándose falta grave el incumplimiento de éste acerca de las directivas e informes. Cabe señalar que la ley contempla que el Jefe de la Policía Comunal será elegido a partir del 2007 por el pueblo, en elección distinta a las autoridades municipales, cada cuatro años, con una sola reelección, pudiendo ser un civil.

Tal como están las cosas, es inevitable plantear algunos interrogantes. ¿Por qué la Provincia, pudiendo suministrar la infraestructura necesaria para mejorar el desempeño de la actual Policía Provincial, adopta una política cuasi extorsiva manifestándoles a los Foros Municipales que dichos elementos estarán a disposición cuando se celebre el convenio de creación de la Policía Comunal? ¿No es acaso extremadamente peligroso otorgarle a los Intendentes semejantes facultades para el manejo de la nueva fuerza de seguridad, en una clara violación al espíritu de división de poderes que debe primar en una República? ¿Qué mecanismos de control se establecerán para que gobernantes inescrupulosos no se sientan tentados de utilizar dichas facultades para la persecución política?

Estas, y otras tantas, son preguntas que hoy por hoy carecen de respuestas convincentes. Pero hay una que, personalmente, la considero como la pregunta de fondo. ¿Con qué tipo de formación contaran los nuevos efectivos? ¿Cuáles serán los contenidos de los programas de estudio? ¿Tendrán como objetivo políticas preventivas respetando en un todo las garantías constitucionales que deben primar en una democracia que, mas allá de las formas, debe aún consolidarse? ¿O, por el contrario, se inculcará un espíritu represivo, considerándose delictiva hasta la protesta social?

Son muchas las dudas, y pocas las certezas. Y en un tema tan sensible como éste, semejante cantidad de interrogantes justifica la preocupación de quienes, ante tantos fracasos consecutivos, vemos con escepticismo la propuesta.